Diputados reanuda el debate por el proyecto de Malvinas en medio de fuertes críticas
La Cámara de Diputados retomará este miércoles el debate en comisión del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto se reunirá a partir de las 15, aunque la falta de acuerdos anticipa que no se firmarán dictámenes.
La iniciativa, que consta de 133 artículos, genera cuestionamientos tanto de la oposición como de sectores aliados al oficialismo. Ante las diferencias, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, decidió excluir el proyecto de la sesión prevista para el 21 de octubre, lo que permitirá negociar posibles modificaciones antes de su tratamiento en el recinto.
Las principales críticas al proyecto
Uno de los puntos más controvertidos es el artículo 111, que establece penas de prisión para quienes, por cuenta o con financiamiento de entidades extranjeras, busquen alterar procesos electorales, manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación o promover actos de violencia y sabotaje.
Desde la oposición advierten que la redacción podría afectar la libertad de expresión y el trabajo periodístico. Por eso, Unión por la Patria busca que el oficialismo limite el proyecto a los artículos vinculados con las sanciones económicas y penales por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas.
La iniciativa contempla penas de hasta 20 años de prisión por esas actividades, amplía las prohibiciones a recursos renovables y no renovables y crea un registro público de infractores, con restricciones para contratar con el Estado.
Además, propone crear un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente, con participación de ministros y autoridades de inteligencia. El organismo podrá coordinar áreas diplomáticas, económicas, militares y de seguridad, así como disponer medidas urgentes ante amenazas graves e inminentes.
El texto también habilita, bajo protocolos específicos, el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles, e incorpora delitos vinculados con la colaboración con servicios de inteligencia extranjeros y el financiamiento de actividades terroristas.
Qué advierte el CELS sobre la iniciativa
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es uno de los organismos que más cuestiona el proyecto. Su directora ejecutiva, Paula Litvachky, sostuvo que la propuesta "reconfigura áreas centrales del Estado para dar lugar al Estado antiterrorista".
Además, advirtió sobre la concentración de poder en el Ejecutivo y los riesgos derivados de las definiciones amplias de "terrorismo" y "amenaza externa", que, según señaló, podrían habilitar prácticas arbitrarias y restringir libertades civiles y políticas.
Con las negociaciones todavía abiertas, el oficialismo deberá evaluar los reclamos de la oposición y de sus propios aliados antes de avanzar con una iniciativa que redefine aspectos centrales de la defensa, la inteligencia y la seguridad nacional.
