El Gobierno busca frenar la sesión sobre la Ley de Tierras y negocia cambios a proyectos de Malvinas y el Presupuesto 2027
Mientras busca dejar sin quórum la sesión convocada por la oposición para el jueves de la próxima semana, en la que se intentará rechazar el DNU 70/23, el oficialismo avanza en distintas negociaciones con los bloques dialoguistas.
Entre las alternativas que analiza figura reintroducir la Ley de Tierras dentro del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado. La iniciativa contemplaría restricciones para la compraventa de tierras rurales.
Al mismo tiempo, el Gobierno negocia modificaciones en los proyectos de Defensa de la Soberanía Nacional y de Presupuesto 2027. Como parte del acuerdo, prometió abrir el recinto de la Cámara de Diputados el 21 de octubre para debatir un temario que también incluiría las leyes de discapacidad y sobreendeudamiento familiar.
Esta propuesta se mencionó durante la reunión que referentes de bloques dialoguistas mantuvieron en la tarde-noche de este miércoles en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados, y que contó con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
Los bloques dialoguistas preguntaron y repreguntaron hasta el cansancio sobre qué hará el oficialismo con la Ley de Tierras, pero no hubo una respuesta concluyente. Por ahora la propuesta de reintroducirla en la ley de Propiedad Privada circula como la alternativa más fuerte, pero no hay una decisión tomada.
Con una semana por delante para la convocatoria, la oposición sabe que las cartas no lo favorecen y que las perspectivas de abrir la sesión se van acercando a cero a medida que pasa el tiempo y se acerca la fecha.
Discapacidad, universidades nacionales y obras públicas
Más allá de la Ley de Tierras, la negociación con los aliados recorre también otras aristas: cambios en la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y garantías para modificar las partidas presupuestarias para el sector de Discapacidad, universidades nacionales y obras públicas.
En el cónclave se confirmó que el martes 13 será el puntapié inicial de la discusión del Presupuesto 2027, y el objetivo del oficialismo es dictaminar antes de la visita del Papa León XIV.
En cuanto al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, hay una exigencia concreta de aliados y dialoguistas de borrar de la redacción el artículo 111, que establece una escala de penas de prisión “para quien, actuando por cuenta, orden o financiamiento (total o parcial) de entidades u organismos extranjeros, realice acciones destinadas a alterar procesos electorales o el normal funcionamiento de las instituciones democráticas; manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva; y promover o financiar actos de violencia, sabotaje o alteraciones graves del orden público dirigidas a desestabilizar la seguridad interior o las instituciones del Estado”.
Los cuestionamientos al proyecto también apuntan a la excesiva concentración de poder en manos del Poder Ejecutivo a través del Consejo de Seguridad Nacional, los protoclos para el derribo de aeronaves y hundimiento de buques, y la falta de precisión técnica sobre los criterios para definir una “amenaza externa” o una “actividad terrorista”, pudiendo ser utilizadas como pretexto para reprimir la disidencia interna.
