Vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda defendieron la ley de rescate fiscal y advirtieron que pasaría si no avanza en el Congreso: “Estamos dispuestos”

José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia, y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, defendieron la ley de rescate fiscal y afirmaron que el Gobierno de Abelardo de la Espriella “se juega su capital político” con la iniciativa.

En entrevistas con El Tiempo y Semana, los funcionarios explicaron que el proyecto incluye recortes al gasto estatal, modificaciones tributarias, devolución del impuesto al valor agregado (IVA), cambios en los aportes a salud y medidas para atraer inversión.

En diálogo con El Tiempo, Restrepo afirmó: “El Gobierno está dispuesto y sabe que se tiene que jugar su capital político en este momento, alrededor del problema del ajuste económico”. El vicepresidente sostuvo que el Ejecutivo consideró necesario impulsar la iniciativa para responder a las presiones sobre las finanzas públicas.

Restrepo atribuyó ese escenario a las decisiones de la administración anterior. Mencionó el aumento de la deuda, la ampliación de la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado, y el crecimiento del costo de los intereses de la deuda pública.

Gómez afirmó a Semana que el proyecto debe ser aprobado antes de que termine el 2026. El ministro indicó que el Gobierno optó por iniciar el trámite ordinario en el Congreso, aunque dejó abierta la posibilidad de pedir mensaje de urgencia si los tiempos legislativos resultaban insuficientes.

“La ley debe aprobarse antes de finalizar el año”, dijo Gómez a Semana. El funcionario planteó que, sin el ajuste, el país enfrentaría dificultades para financiar el Presupuesto General de la Nación en 2027 y sostener el funcionamiento de la estructura estatal.

Restrepo también planteó ese escenario en la entrevista con Semana. “Si de aquí al cierre de 2026 no se avanza en esta ley de rescate, Colombia entra en default el próximo año”, afirmó. Según explicó, el Gobierno relacionó ese riesgo con posibles problemas para cubrir salarios de funcionarios y programas públicos.

Los funcionarios dijeron que el 70% del ajuste previsto saldría de medidas aplicadas al propio Estado. Restrepo mencionó la reducción de burocracia, contratación y gastos que el Ejecutivo consideró innecesarios, además de la venta de activos que, según su explicación, no generaban ingresos.

“El primer esfuerzo del Gobierno es reducir el gasto burocrático y el derroche”, afirmó Restrepo a Semana. El vicepresidente indicó que los recursos obtenidos con esas medidas podrían destinarse a infraestructura, inversión social y reducción de la deuda pública.

Gómez explicó que la iniciativa propone recortar en 50% los costos asociados a los contratos por prestación de servicios durante 2027. También habló de revisar transferencias estatales y fondos públicos, además de vender bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

El ministro mencionó lanchas, aviones, centros comerciales, bodegas y apartamentos como parte de los activos que, de acuerdo con su explicación, representaban costos para el Estado. Restrepo y Gómez señalaron que el componente tributario del proyecto se concentraría en los sectores con mayores ingresos.

La ley también propuso un mecanismo de devolución del IVA. Según explicaron a El Tiempo, 19 millones de personas recibirían el 100% del impuesto pagado y otras 16,5 millones accederían a devoluciones parciales de hasta el 50%, para un total de 36,5 millones de beneficiarios.

Gómez indicó que el sistema comenzaría a operar el 1 de enero de 2028 y utilizaría la factura electrónica y medios de pago digitales para identificar a los beneficiarios. Restrepo añadió a Semana que habría alternativas para quienes no pudieran usar esos canales. “Por la vía de Bre-B, podrían recibir parte del recurso e incluso se podrán usar giros postales”, señaló.

La propuesta contempló que productos como café, azúcar, aceites y pastas pasaran de una tarifa de IVA del 5% al 19%. “Las personas de mayores ingresos sí van a sentir el aumento”, dijo Gómez a Semana, al sostener que los hogares incluidos en el esquema de devolución recibirían una compensación.

En materia de renta, Restrepo afirmó que el proyecto ampliaría el grupo de personas obligadas a declarar desde ingresos superiores a cinco millones de pesos mensuales. También planteó una reducción gradual de la tarifa para empresas, del 35% al 33% en 2027 y al 31% desde 2028.

Gómez explicó que los trabajadores con ingresos de hasta dos salarios mínimos mantendrían un aporte a salud del 4%. Desde ese nivel, las contribuciones aumentarían de forma progresiva hasta llegar al 8% para los salarios más altos.

El ministro estimó ante Semana que la ley permitiría destinar cerca de 30 billones de pesos adicionales al sistema de salud. El proyecto también eliminaría la exención tributaria para compras internacionales de hasta USD 200, por lo que los envíos adquiridos en Temu, Shein, Amazon y AliExpress pagarían los impuestos correspondientes.

La iniciativa quedó a consideración del Congreso de la República, donde el Gobierno buscaba respaldo para las medidas de reducción del gasto, modificaciones tributarias y financiación de programas sociales y de salud.